Sistema Anticorrupción: deslegitimado antes de nacer
La risa de Javier Duarte: hermenéutica de la corrupción a partir de la semiosis de la imagen Alfredo Leal Rodríguez
Entre los rezagos más evidentes de la actual administración de gobierno federal, dos sobresalen por su extrema gravedad: el relativo a la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, y el de combate a la corrupción, cuya historia de casi un lustro no solo es tortuosa sino ofensiva para la sociedad mexicana: en noviembre de 2012, el entonces Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos presentó ante el Senado de la República, a través de la bancada del PRI, una iniciativa para crear la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA). Un mes después, ya siendo titular del Ejecutivo Federal, el impulso a la reforma anticorrupción se convirtió en uno de los ejes del Pacto por México, pero los meses pasaron y no hubo avance alguno.
Un año más tarde, en diciembre de 2013, este pendiente fue retomado por el Senado al aprobar la creación de la CNA, cuyo dictamen remitió a la Cámara de Diputados para su discusión. Sin embargo, al final dicha iniciativa quedó rebasada cuando en octubre de 2014 legisladores del PAN presentaron la propuesta de establecer un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pero la situación del país era ya otra. Ayotzinapa además de la creciente inseguridad y los cada vez más escandalosos casos de corrupción, aceleran el descrédito gubernamental. En noviembre de dicho año el presidente de la República presenta los puntos de su decálogo: “Por un México en Paz con Justicia, Unidad y Desarrollo”, entre los que obra la instrumentación del SNA. Para febrero de 2015 la Cámara de Diputados aprueba la reforma constitucional que crea al SNA, el cual nace con ese mismo nombre pero en esencia muy alejado de la propuesta original. Iniciativa que no tardarán en aprobar la de Senadores y más de 26 congresos locales. Finalmente, el 27 de mayo de 2015 el presidente de la República promulga el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de corrupción y la pregunta mayúscula consecuente es: ¿qué sentido tuvo promulgar toda una biblioteca de leyes, siete en este caso, si a menos de 15 días de que entre en vigor el próximo 19 de julio de 2017 la de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la polémica “3 de 3”, hay severos cuestionamientos en la integración tanto de la Comisión de Selección de los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA como ahora también de éste, por los propios interesados en formar parte de él, y qué decir de que ni siquiera ha sido nombrado quien ocupará la Fiscalía Anticorrupción? Irregularidad tras irregularidad, opacidad tras opacidad, más burocracia, transformándose todo para que al final ya no solo quede todo igual sino peor que antes.
¿De qué sirve así tener un marco jurídico regulador integrado por miles de artículos si nació abortado antes de aplicarse y, lo más preocupante, si aun antes de operar en su plenitud el Sistema, pende la deslegitimación social sobre autoridades, integrantes y vacantes aún no nombrados? Patético recorrido de una reforma constitucional que quiso ser lo que en el fondo tal vez nunca pretendió que fuera: moral, y que termina siendo indignante, pero sobre todo revelador de nuestra crisis global. Por eso desde Guatemala Javidú, nuestra máxima encarnación de la corrupción, ríe, sardanapalescamente, en espera de que este 4 de julio se consume su extradición. Sabe, como tantos otros desangradores de nuestro país, que solo en México gozará de total impunidad.