¿Compuertas abiertas a la criminalidad?

En 2008 la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública dio vida al llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA). Las críticas no se hicieron esperar, sobre todo desde la academia que elevó estérilmente su voz contra la inclusión de figuras como el arraigo, prisión preventiva, intervención de comunicaciones privadas y más tarde, de la extinción de dominio hecha ley en 2009.

Todas ellas, contrarias a los derechos fundamentales, máxime a partir de la trascendental reforma en materia de derechos humanos de que fue objeto nuestra Carta Magna en 2011. Desde entonces, razones de índole eminentemente pragmático -quiero pensar-, sustentaron los excesos jurídicos a los que se acogió el NSJPA. Sin embargo, hoy en día y por cuestiones descaradamente políticas, ha comenzado su denostación, aún por sus propios creadores, imputándole el fracaso estatal en el combate a la criminalidad. Que nació deficiente y contrario a los derechos fundamentales, todos lo sabíamos, aunque muchos no lo reconocieran, pero tampoco es el responsable directo de nuestra crisis.

Todo sistema tiene luces y sombras, pero más allá de la capacitación y comprensión a sus principios, queda claro que en nuestra sociedad, ningún sistema jurídico podrá prosperar ni tener éxito, mientras el elemento humano, todos nosotros, comprendidos operadores, sociedad y gobierno, no respetemos al Estado de Derecho y permitamos que la corrupción y la impunidad imperen. Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la misma que avaló la legalidad del anticonstitucional arraigo en casos de delitos graves, abrió el pasado 5 de junio la posibilidad de que miles de reclusos sujetos a prisión preventiva, inculpados conforme al antiguo sistema penal, puedan pedir su libertad anticipada y seguir su proceso en libertad, hasta que no se compruebe su culpabilidad, al tiempo que derivado de la actualización del catálogo de delitos graves, muchos de ellos quedaron fuera, como la portación de armas de fuego, lavado de dinero, defraudación fiscal, asalto en carreteras, robo calificado, extorsión y contrabando. Ante ello, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México advirtió a la ciudadanía que debe “estar preparada”, porque la delincuencia se incrementará. ¿Exceso, inconciencia de parte de la SCJN? Por lo pronto, la postura de nuestro máximo tribunal en defensa de la prisión preventiva es acorde con un régimen jurídico pro persona, máxime si la prisión preventiva posee un carácter excepcional, como última medida incriminatoria, aún en el marco de los tratados internacionales. ¿Por qué entonces la reacción del Jefe de Gobierno, otrora defensor e impulsor del NSJPA, entre cuyas bondades destacaba su garantismo y defensa de la presunción de inocencia? ¿Ignora que criminalizar e incorporar nuevos tipos penales nunca será solución y menos a la sociedad carenciada? No categóricamente. Sabe que su gobierno es incapaz y está rebasado en temas de seguridad pública y capacitación policiaca y que la criminalidad explotó bajo su administración y continúa a la alza, operando con total impunidad. De ahí su condena al NSJPA y ahora su advertencia: justificar el estrepitoso desastre de su administración en el combate a la delincuencia, por el que convivir diariamente con la criminalidad es parte sustantiva y fatal de nuestra trágica realidad. Lo paradójico es que se tema más liberar a quienes en justicia les asiste el derecho a ser excarcelados, que a quienes envenenan a la sociedad y roban cínica y desvergonzadamente al erario público. Esos que, como la indignante mafia de gobernadores corruptos, están libres, protegidos y amparados por un sistema putrefacto y disfrutando de los miles de millones de dólares que robaron a la Nación.